América Latina registra un severo remezón institucional tras la decisión de la Cámara de Senadores de Paraguay de destituir de su cargo al presidente Santiago Peña mediante un juicio político. La resolución parlamentaria se produjo tras semanas de intensas protestas ciudadanas e incertidumbre económica derivadas de un colapso financiero de gran escala que afectó a cerca de tres millones de bancarizados en todo el país.
El desenlace político se aceleró luego de las investigaciones legislativas que vincularon al exmandatario con irregularidades en la gestión y regulación del sistema bancario nacional.
La intervención de Ueno Bank y la congelación de depósitos
El detonante directo de la caída de Santiago Peña fue la crisis de solvencia e intervención ejecutada por el Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank. La medida cautelar provocó el congelamiento inmediato de las cuentas y ahorros de casi la mitad de la población paraguaya, paralizando operaciones comerciales y desatando multitudinarias manifestaciones en las calles de Asunción y las principales ciudades del país.
Aunque las autoridades financieras iniciaron un esquema gradual para devolver los fondos a las víctimas del colapso, el pánico bancario y la indignación social rebasaron la capacidad de respuesta del gabinete presidencial.
Vínculos empresariales y acusaciones contra Santiago Peña
El pliego acusatorio aprobado por la mayoría legislativa sostuvo que Santiago Peña incurrió en mal desempeño de sus funciones al mantener nexos comerciales directos con la entidad financiera intervenida. El informe del Congreso señaló al expresidente de haber favorecido a Ueno Bank mediante resoluciones regulatorias a medida y la colocación de importantes sumas de recursos del erario, destacando las reservas operativas del Instituto de Previsión Social (IPS).
Con la destitución consumada, el Congreso paraguayo activó los mecanismos de sucesión constitucional para asumir la jefatura de Estado, mientras la fiscalía local evalúa la apertura de investigaciones penales sobre la red de tráfico de influencias denunciada durante el proceso.
