El debate sobre la estructura del fútbol profesional en el país ha tomado un giro legal e institucional de gran calado. Esta semana se confirmaron avances sustanciales en la investigación emprendida para evaluar el impacto comercial y deportivo de la eliminación del sistema de ascenso y descenso en la Liga MX, un procedimiento que fue impulsado formalmente por Jorge Álvarez Máynez ante las autoridades de competencia del país.
Como parte de las diligencias en curso, la Comisión Nacional Antimonopolio requirió a los 18 clubes de la Primera División del balompié nacional responder un exhaustivo cuestionario de 39 preguntas, diseñado para auditar el funcionamiento económico del circuito y medir las afectaciones a la libre concurrencia.
El cuestionario de 39 preguntas a los 18 clubes de la Liga MX
El procedimiento legal busca determinar si la erradicación de las promociones y descensos de categoría constituye una barrera injustificada a la competencia económica o genera prácticas monopólicas que perjudiquen a inversionistas, equipos de divisiones inferiores y a la propia afición. La iniciativa motivada por Jorge Álvarez Máynez plantea que los clubes expliquen de manera detallada de qué forma les beneficiaría o perjudicaría la eventual restitución de este formato deportivo tradicional.
Las directivas de las instituciones deportivas deberán entregar información sobre contratos de transmisión, repartición de ingresos por derechos comerciales y el impacto financiero que supuso la sustitución del descenso por la multa económica para los últimos lugares del cociente.
Avances en el proceso pero sin resolución definitiva
A pesar del requerimiento de la autoridad reguladora a las entidades deportivas, especialistas en derecho corporativo y del deporte aclaran que la apertura y avance del expediente no garantiza un retorno inmediato del formato competitivo previo. La postura defendida por Jorge Álvarez Máynez busca sentar un precedente sobre la transparencia en los organismos deportivos privados que operan espectáculos masivos de interés público.
El análisis de las respuestas brindadas por los 18 conjuntos determinará si se emiten recomendaciones vinculantes o sanciones para reestructurar la competencia en la Liga MX, abriendo un capítulo decisivo en la gobernanza del balompié mexicano.
