Uno de los episodios más oscuros y dolorosos de la historia reciente de la violencia en México cumple siete años inmerso en la parálisis judicial. Tras el brutal ataque perpetrado en las brechas del municipio de Bavispe, Sonora, el expediente conocido como la Masacre LeBarón continúa acumulando promesas institucionales pero exhibe un saldo desgarrador: no existe una sola persona sentenciada por los nueve homicidios consumados aquella mañana de 2019.
El crimen, en el que perdieron la vida tres mujeres y seis niños pertenecientes a la comunidad mormona LeBarón y Langford, conmovió a la opinión pública internacional, abriendo un reclamo de justicia que hasta la fecha permanece inconcluso en las salas de enjuiciamiento federal.
Siete años de trabas judiciales y carpetas sin condena
A pesar de que las fiscalías federales han informado a lo largo de este periodo sobre la detención de decenas de presuntos implicados vinculados a estructuras del crimen organizado operantes en la frontera entre Sonora y Chihuahua, la realidad procesal es que ninguno de los detenidos ha recibido condena firme por los delitos de homicidio calificado en agravio de las víctimas directas de la Masacre LeBarón.
La mayoría de los autos de vinculación y procesos abiertos contra los imputados se sustentan en cargos por delincuencia organizada o portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, dejando en el limbo procesal la atribución directa del crimen de las madres y los menores incinerados e impactados por proyectiles de arma de fuego.
La batalla incesante de la familia LeBarón contra la impunidad
Frente a la omisión del sistema de justicia, los integrantes de la familia han mantenido una marcha constante de visibilización nacional e internacional. Integrantes de la comunidad han recriminado la falta de celeridad de los tribunales y la fragmentación de la investigación, advirtiendo que el caso de la Masacre LeBarón se ha convertido en el símbolo de la impunidad estructural que azota a las víctimas de la violencia en México.
A siete años de la tragedia, la exigencia se mantiene firme: deslindar las responsabilidades intelectuales y materiales de la matanza, evitar que las carpetas de investigación queden encarpetadas en el olvido y garantizar que el Estado mexicano otorgue garantías de verdad, justicia y no repetición a las familias golpeadas por la delincuencia.
