El escenario político de la Ciudad de México y el ámbito nacional volvieron a encenderse tras las contundentes declaraciones vertidas por Alessandra Rojo de la Vega. La alcaldesa en Cuauhtémoc denunció públicamente que el partido Morena orquesta un esquema de desvío sistemático de recursos del erario público para financiar campañas de desprestigio y guerra sucia orientadas a golpear a los perfiles de la oposición.
La denuncia formal se sustenta en investigaciones periodísticas recientes que documentan el flujo de cientos de millones de pesos hacia una red de empresas presuntamente irregulares dedicadas a la manipulación del debate público en plataformas digitales.
La red de 340 millones de pesos y el sealamiento de corrupción
Durante su pronunciamiento, Alessandra Rojo de la Vega hizo referencia a reportajes de investigación que exponen cómo una trama de proveedores y firmas fachada ha recibido más de 340 millones de pesos procedentes de arcas gubernamentales. Según lo señalado, estos contratos habrían sido asignados sin licitación transparente para la creación de contenidos difamatorios y la movilización de bots en redes sociales.
La funcionaria sostuvo que estas prácticas representan una traición abierta a los lemas bandera del movimiento oficialista —“no robar, no mentir y no traicionar”—, acusando a la dirigencia partidista de utilizar la propaganda política para repetir falsedades de manera sistemática hasta intentar convertirlas en verdades públicas.
Exigencia de fiscalización e investigaciones judiciales
La postura de Alessandra Rojo de la Vega reaviva la exigencia hacia los órganos de fiscalización electoral y las fiscalías anticorrupción para que abran auditorías inmediatas sobre los contratos otorgados a las firmas señaladas en el expediente periodístico.
Representantes de la oposición respaldaron la denuncia y anunciaron que llevarán el caso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir la cancelación de prerrogativas y el deslinde de responsabilidades penales contra quienes resulten responsables del uso indebido de fondos públicos con fines de contienda política.
