A un año del magnicidio que sacudió la estructura política de Michoacán y conmocionó al país entero, el reclamo de justicia por la memoria de Carlos Manzo volvió a recorrer las calles de Uruapan. Lo que comenzó como un homenaje luctuoso derivó en un juicio social contra la impunidad institucional, encabezado por la presidenta municipal Grecia Quiroz, quien durante la “Marcha por la Justicia y la Paz” advirtió que la violencia no ha cedido y que la indignación ciudadana permanece intacta porque, en los hechos, todo sigue igual.
La movilización, que partió del Monumento a Lázaro Cárdenas hasta la Pérgola Municipal, congregó a contingentes de diversos sectores golpeados por el crimen organizado, desde productores agrícolas extorsionados hasta comerciantes y transportistas. Sin embargo, el centro de la jornada se volcó hacia la urgencia de romper los pactos de impunidad y responder a quienes padecen el flagelo directo de la inseguridad.
El clamor por las madres buscadoras y las responsabilidades políticas
Durante su intervención ante la ciudadanía, Grecia Quiroz alzó la voz para visibilizar el drama desgarrador de las madres buscadoras de México, recriminando la falta de empatía institucional hacia las familias que escarban la tierra en pos de sus desaparecidos. La alcaldesa aseveró que el caso de Carlos Manzo no debe tratarse como un expediente archivado ni como un número más en las estadísticas de homicidios del país, sino como una prueba fehaciente de la urgencia de deslindar todas las responsabilidades materiales e intelectuales sin distinción de fuero o filiación partidista.
Quiroz insistió en que la detención de ejecutores materiales resulta insuficiente si no se agotan las líneas de investigación que involucran a las redes políticas y operativas que permitieron la agresión en pleno evento público durante el Festival de las Velas de 2025. El mensaje fue sentencioso: la justicia a medias no es justicia, es simulación.
Una ciudad atrapada entre el miedo y la resistencia
La marcha realizada en el primer cuadro de la ciudad expuso la realidad de un municipio que intenta sobreponerse al asedio de la delincuencia bajo la mirada distante de las autoridades federales y estatales. El tributo a Carlos Manzo se convirtió en una caja de resonancia para el dolor colectivo, en un territorio donde la impunidad cotidiana amedrenta la actividad económica y sofoca a las comunidades rurales.
El grito exigiendo paz al cierre de la movilización dejó en evidencia el sentir popular: las investigaciones avanzan despacio en los escritorios fiscales, pero en las calles de Michoacán la zozobra no se detiene. La exigencia planteada en Uruapan queda como un ultimátum a las instituciones del Estado mexicano para esclarecer de raíz los crímenes de alto impacto y garantizar la seguridad de quienes luchan por la verdad.
