El ejercicio del poder en los municipios de Veracruz vuelve a quedar bajo la sombra del nepotismo, la arbitrariedad y el atropello sistemático a las garantías individuales. Un incidente vial en el que se vio involucrada una patrulla de la Policía Municipal de Las Choapas escaló hasta convertirse en la prueba flagrante de cómo se gobierna al margen de la ley. Tras el percanse, la llegada de Antonio Uribe Esquivel, hermano de la alcaldesa del municipio, derivó en una abierta agresión física en contra de un activista social, evidenciando un modelo de control informal que vulnera el Estado de derecho.
Lo gravoso del episodio no reside únicamente en la violencia ejercida, sino en la anomalía institucional que representa: Antonio Uribe Esquivel no ostenta ningún nombramiento público, no figura en la nómina municipal ni cuenta con atribuciones legales en materia de seguridad, pero opera en la práctica como el mando absoluto de la corporación policial.
El atropello al activismo y la sumisión de las fuerzas locales
Los hechos registrados tras el choque de la unidad oficial expusieron la total subordinación de los elementos de seguridad pública a un particular. Ante la presencia del activista, quien grababa y cuestionaba el proceder operativo de los uniformados, Antonio Uribe Esquivel intervino de forma violenta para amedrentarlo y arremeter físicamente contra él, amparado en la complacencia y protección de los propios policías que atestiguaron la agresión sin intervenir.
Esta conducta deja al descubierto el nivel de impunidad con el que se manejan los asuntos públicos en la localidad, donde los lazos familiares sustituyen a la ley y las corporaciones civiles encargadas de proteger a la ciudadanía terminan convertidas en escoltas privadas al servicio de intereses grupales.
La exigencia de investigación y el cese al cacicazgo municipal
El atropello cometido por Antonio Uribe Esquivel ha desatado un fuerte repudio por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos ciudadanos en el sur de Veracruz, quienes exigen la intervención urgente de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades penales tanto por la agresión física como por la probable usurpación de funciones públicas.
El silencio de las autoridades municipales ante el abuso perpetrado no hace más que ratificar la complicidad oficial. Las Choapas no puede permanecer sometida a dinámicas de gobierno por consigna familiar; frenar el descontrol de mandos ilegítimos es una exigencia inmediata para restituir la dignidad institucional y garantizar la seguridad de la población.
