Escrito por Redacción
20 de septiembre de 2026 | 12:50 hrs.
Susy Aponte, reconocida periodista y candidata a la gobernación regional de Áncash en Perú, conocida popularmente como “La China Polo”, fue acribillada a balazos en un sangriento ataque perpetrado por sicarios armados mientras encabezaba un acto proselitista de campaña electoral en la ciudad de Caraz. El violento atentado contra Susy Aponte ocurrió a plena luz del día frente a decenas de simpatizantes y vecinos que participaban en la jornada política, desatando escenas de pánico y confusión en la zona urbana. La trágica muerte de Susy Aponte genera una profunda e indignada conmoción social en toda la ciudadanía peruana, así como en las diversas asociaciones del gremio periodístico sudamericano, al tratarse de un homicidio anunciado que vuelve a poner de manifiesto los alarmantes e inaceptables niveles de inseguridad pública, impunidad institucional y violencia política criminal que azotan a diversas provincias del territorio peruano de cara a los próximos comicios generales.
En los días inmediatamente previos al mortífero ataque armado perpetrado en las calles de Caraz, la propia Susy Aponte había utilizado sus plataformas digitales, redes sociales y espacios informativos locales para denunciar de forma pública, abierta y categórica ante la opinión pública nacional que venía siendo víctima constante de reiteradas y graves amenazas de muerte. Pese a las alertas emitidas por la comunicadora y a sus exigencias de protección policial ante el inminente riesgo que corría su integridad física, las autoridades correspondientes no dispusieron de las medidas de resguardo necesarias, dejando a la comunicadora y aspirante política en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a las estructuras delictivas de la región.
La mecánica del atentado y el despliegue de las fuerzas de seguridad
De acuerdo con las primeras investigaciones de campo y partes informativos policiales recabados en la escena del crimen por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta de gran cilindrada interceptaron a la comitiva donde se encontraba la postulante regional. Sin mediar palabra alguna, los atacantes abrieron fuego de manera directa contra la candidata regional, impactándola con múltiples disparos a corta distancia antes de darse a la fuga velozmente con rumbo desconocido por las arterias viales de la localidad de Caraz.
Pese a los desesperados esfuerzos inmediatos de los asistentes por prestarle los primeros auxilios a Susy Aponte y evacuarla de urgencia hacia el centro hospitalario más cercano de la zona, el personal médico de guardia confirmó desafortunadamente que la comunicadora ingresó a la instalación sanitaria sin signos vitales, debido a la extrema gravedad de las múltiples perforaciones causadas por los proyectiles de arma de fuego en zonas vitales de su cuerpo. Tras la confirmación de su fallecimiento, efectivos pertenecientes a la división especializada de investigación criminal procedieron a establecer un estricto cerco perimetral en todas las carreteras y vías de salida del departamento de Áncash, con el objetivo prioritario de desplegar un amplio operativo de búsqueda que permita identificar, ubicar y capturar a la brevedad a los responsables materiales e intelectuales de este condenable magnicidio.
Antecedentes de denuncias y el ejercicio del periodismo de investigación
Durante su trayectoria profesional en los medios de comunicación de la provincia de Áncash, Susy Aponte se caracterizó por mantener una línea editorial crítica frente a presuntos actos de corrupción gubernamental y por denunciar la presencia de bandas dedicadas a la extorsión y al crimen organizado en la zona andina de Perú. Su incursión formal en la contienda política activa como candidata oficial a la gobernación regional de Áncash buscaba, de acuerdo con sus reiteradas propuestas de campaña, estructurar e implementar una plataforma integral de combate frontal a la delincuencia organizada y de fiscalización rigurosa del uso de los recursos del erario público.
Las constantes advertencias y alertas formales formuladas públicamente por Susy Aponte sobre los esquemas de extorsión, intimidación y hostigamiento directo del que era objeto apuntaban de manera clara hacia grupos delictivos y mafias de la zona que pretendían frenar a toda costa sus investigaciones periodísticas sobre corrupción administrativa y frenar su avance electoral en las encuestas de preferencia popular. La preocupante omisión de respuestas institucionales y de medidas de protección efectivas ante las reiteradas denuncias formales e informales presentadas por la comunicadora ha generado un enérgico rechazo institucional entre diversas organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos humanos, las cuales han exigido una investigación transparente, prioritaria y exhaustiva a la Fiscalía General de la República del Perú.
Conclusión: Un crimen que enciende las alarmas democráticas en Perú
El cobarde y vil asesinato de Susy Aponte expone de forma inobjetable la peligrosa e inaceptable degradación de las garantías básicas de seguridad para el libre ejercicio del periodismo independiente y para la participación política pacífica en la región de Áncash y en el conjunto del territorio del país andino. El trágico y violento final de la vida de Susy Aponte deja un doloroso e irreparable vacío entre sus seguidores, colaboradores de trabajo y familiares cercanos, al tiempo que impone a las máximas instituciones del sistema de justicia peruano la obligación legal e histórica de esclarecer con absoluta celeridad y rigor técnico este violento crimen para impedir firmemente que este homicidio vuelva a quedar sepultado en los índices de impunidad. La violencia ejercida contra comunicadores y aspirantes a cargos públicos representa una amenaza directa contra la estabilidad democrática, el derecho a la información y el desarrollo libre de las instituciones en la sociedad peruana.