La pugna por los recursos públicos en Nuevo León ha vuelto a escalar a un punto de parálisis institucional. Representantes de la zona metropolitana y alcaldes municipales conformaron un frente común para exigir formalmente a la administración del gobernador Samuel García la liquidación inmediata de un adeudo que supera los mil millones de pesos, correspondiente a participaciones y fondos retenidos de los ejercicios fiscales 2025 y 2026.
La condición planteada por los munícipes es contundente: no permitirán que la bancada metropolitana avance en la negociación y aprobación del Presupuesto de Egresos estatal para 2027 en el Congreso local hasta que el Ejecutivo salde la totalidad del pasivo acumulado con los ayuntamientos.
La parálisis de obras y servicios por la retención de fondos
El reclamo de los ediles se centra en las graves afectaciones operativas que el retraso en la transferencia de recursos ha provocado en las finanzas locales. Según lo expuesto por los voceros de la coalición de alcaldes, los retrasos atribuibles al gobierno que encabeza Samuel García han paralizado proyectos de infraestructura vial, mantenimiento urbano y esquemas de seguridad ciudadana proyectados desde 2025.
Los ediles argumentaron que los municipios han tenido que recurrir a reasignaciones presupuestales de emergencia para mantener los servicios básicos, afectando la planeación financiera y el cumplimiento de las metas trazadas para el cierre del presente ejercicio fiscal.
El ultimátum legislativo previo al Presupuesto 2027
La exigencia de los presidentes municipales añade una fuerte presión a las comisiones de Hacienda del Congreso del Estado, donde el paquete fiscal para 2027 requiere de consensos amplios para su aval formal. El condicionamiento de los alcaldes cuenta con el respaldo de diversos grupos parlamentarios, lo que anticipa un periodo de intensa confrontación política en el legislativo neolonés.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un calendario definitivo para la dispersión de las ministraciones adeudadas, manteniendo el diálogo entrampado entre las acusaciones de chantaje político y el reclamo de autonomía financiera por parte de las administraciones municipales.
