Una resolución emitida en el ámbito jurisdiccional ha generado un intenso debate político en torno al gobierno del estado de Sinaloa. Diversos actores públicos y voces críticas cuestionaron la determinación mediante la cual cuentas bancarias que permanecían bloqueadas fueron reactivadas por orden expresa de una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), señalando la medida como un presunto favor político vinculado al entorno del gobernador Rubén Rocha Moya.
El fallo administrativo ha puesto bajo escrutinio los criterios legales utilizados para liberar los recursos financieros y el alcance institucional de la decisión en medio del complejo panorama político de la entidad sinaloense.
El fallo del Tribunal de Justicia Administrativa y el entorno de Rubén Rocha Moya
De acuerdo con los reportes sobre el expediente administrativo, la sala regional concedió la medida que obliga a las instituciones financieras y autoridades hacendarias a levantar el congelamiento de las cuentas involucradas, permitiendo la libre disposición de los fondos. Para legisladores de oposición y analistas locales, la celeridad y el sentido de la resolución benefician directamente a actores cercanos a la administración de Rubén Rocha Moya.
Quienes cuestionan el resolutivo advierten que el desbloqueo ocurre en un momento sensible para la rendición de cuentas en Sinaloa, por lo que exigieron transparencia total sobre los argumentos jurídicos que sustentaron la determinación del órgano jurisdiccional.
Exigencias de transparencia y fiscalización en Sinaloa
Frente a las críticas por el presunto favorecimiento hacia el círculo político de Rubén Rocha Moya, organizaciones civiles y representantes partidistas solicitaron que las instancias federales de fiscalización e inteligencia financiera revisen los alcances legales del fallo y, de ser procedente, interpongan los recursos de impugnación correspondientes ante las instancias superiores.
Mientras tanto, el debate sobre la autonomía de los tribunales administrativos y el combate a la impunidad financiera continúa marcando la agenda política en Sinaloa y a nivel nacional.
