Escrito por Redacción
25 de agosto de 2026 | 17:00 hrs.
La simulación institucional en el noroeste del país ha alcanzado niveles insostenibles para una población harta del cinismo con el que la clase política administra la crisis de seguridad. Tras confirmarse el retiro del mandatario estatal acorralado por investigaciones federales, el nombramiento de Graciela Domínguez Nava por parte de la mayoría legislativa local no representa un cambio de rumbo, sino un mero cambio de piezas dentro del mismo tablero. En los hechos, la ciudadanía constata que Rocha Moya sigue en el poder a través de una de sus operadoras de mayor confianza, una figura que sirvió como su secretaria de Educación y que responde directamente a la estructura política que sumió a la entidad en el descontrol, la violencia impune y la parálisis económica.
Esta maniobra del aparato oficialista perpetúa el favoritismo de grupo a costa de la tranquilidad pública de las familias sinaloenses. Sostener que Rocha Moya sigue en el poder mediante un gobierno títere es una burla abierta a quienes exigían una purga de fondo en el Poder Ejecutivo local. Colocar a un perfil incondicional para tapar el boquete de impunidad demuestra que el oficialismo no busca pacificarse ni someterse a la fiscalización independiente, sino garantizar un escudo protector para evitar que se investiguen los pactos oscuros que quebrantaron el orden democrático en la entidad.
1. El perfil incondicional: De la gabinete rochista a la gubernatura interina
El relevo en el Palacio de Gobierno de Culiacán no obedece a un consenso de salvación estatal ni a una verdadera transición democrática. La evidencia de que Rocha Moya sigue en el poder se encuentra en el currículum de la nueva mandataria interina, quien hasta hace unos meses se desempeñaba como titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) del estado dentro del gabinete del mandatario cuestionado.
Los dictámenes aprobados en el Congreso del Estado de Sinaloa demostraron la urgencia del bloque mayoritario por colocar una figura que proteja las espaldas de la administración saliente. La llegada de Domínguez Nava confirma que Rocha Moya sigue en el poder, utilizando a una colaboradora cercana para mantener el control administrativo del erario estatal y evitar revisiones a los programas presupuestales otorgados durante la etapa más oscura de la crisis violenta.
2. La continuidad del grupo político y el blindaje ante investigaciones federales
La impunidad requerida por el mandatario saliente exigía la imposición de un alfil operativo con lealtad probada a la cúpula estatal. La advertencia social de que Rocha Moya sigue en el poder responde a la sospecha fundada de que este interinato funcionará como un despacho de custodia de expedientes sensibles ante eventuales requerimientos de las autoridades federales de procuración de justicia.
Las investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntas complicidades delictivas en la estructura de gobierno estatal no pueden ser neutralizadas con un cambio de gabinete simulado. Afirmar que Rocha Moya sigue en el poder implica señalar que el aparato burocrático de Culiacán continuará operando bajo las mismas órdenes, entorpeciendo el esclarecimiento de los hechos que provocaron el colapso de la seguridad en el estado.
3. La farsa de la autonomía y el descontento de la ciudadanía sinaloense
El desgaste social provocado por meses de narcobloqueos, secuestros y violencia desbordada no se borra con discursos de continuidad ni juramentos solemnes. La indignación colectiva al comprobar que Rocha Moya sigue en el poder se traduce en un profundo rechazo hacia la nueva titular del Ejecutivo, vista por los sectores productivos como una extensión directa del régimen que destruyó la economía local.
Los comunicados emitidos desde el Gobierno del Estado de Sinaloa intentan proyectar una imagen de estabilidad que choca de frente contra la desolación de las calles. Al percibir que Rocha Moya sigue en el poder, las organizaciones de comerciantes y transportistas advierten que no habrá cambios en la estrategia de seguridad, condenando a los municipios a seguir sufriendo el abandono institucional y la falta de garantías para el trabajo diario.
4. La complicidad del bloque parlamentario y la anulación de la oposición
La facilidad con la que la bancada oficialista impuso este nombramiento pone en evidencia la parálisis y la falta de contrapeso en el Poder Legislativo local. Constatar que Rocha Moya sigue en el poder exige denunciar el papel servil de los legisladores que actuaron como meros tramitadores de la voluntad de Palacio de Gobierno, ignorando los reclamos de la sociedad civil que exigía un perfil neutral y de amplia trayectoria técnica.
Al apresurar la votación en una sesión a puerta cerrada, los diputados locales consumaron una traición al pueblo que representan. La certeza de que Rocha Moya sigue en el poder deja en claro que las instituciones sinaloenses se encuentran secuestradas por los intereses de grupo, donde la disciplina de partido vale más que el sufrimiento de miles de familias atrapadas entre el fuego cruzado del crimen organizado.
5. Sinaloa no aguanta una burla más: La exigencia de una limpia real
El estado de emergencia que atraviesa la entidad no permite mayor margen para la simulación política ni el solapamiento ideológico. Denunciar que Rocha Moya sigue en el poder es un acto de resistencia ciudadana frente a una clase política insensible que pretende gobernar mediante personeros y títeres burocráticos.
La sociedad civil sinaloense no necesita un cambio de nombre en el despacho principal; exige el desmantelamiento de la red de complicidades que dejó al estado a merced de los cárteles. Si la federación no interviene de forma directa para romper la cadena de mando con la que Rocha Moya sigue en el poder, Sinaloa seguirá hundiéndose en la ingobernabilidad, pagando con vidas humanas el costo de una transición simulada.
Conclusión: El fin de la mascarada y la lucha por la justicia
Designar a una incondicional del mandatario saliente para concluir el periodo de gobierno es una provocación que el pueblo de Sinaloa no debe tolerar. Pretender que la crisis se resuelve nombrando como gobernadora interina a una funcionaria del mismo gabinete cuestionado es subestimar la inteligencia de la gente. Sinaloa no aguanta más burlas ni gobiernos de sombra. El país entero debe respaldar el reclamo de justicia de los sinaloenses para que los responsables de la ingobernabilidad rindan cuentas ante la ley y se devuelva la paz a un estado que merece recuperar su libertad y su dignidad.