La espiral de violencia e impunidad que asola a las comunidades indígenas en los Altos de Chiapas cobró una nueva víctima. Reynaldo Pérez Pérez, destacado defensor de derechos humanos y representante de decenas de familias indígenas tsotsiles víctimas de desplazamiento forzado, fue asesinado a balazos en la comunidad de Yabteclum, perteneciente al municipio de San Pedro Chenalhó. El crimen sacudió a las organizaciones civiles y colectivos de la región, que durante años han documentado el hostigamiento sistemático y la falta de garantías de seguridad para quienes ejercen la labor de defensa comunitaria.
De acuerdo con los primeros reportes de los pobladores y autoridades locales, Reynaldo Pérez Pérez recibió múltiples impactos de arma de fuego en un ataque directo. La agresión revalida las advertencias sobre el peligro latente que enfrentan los liderazgos tradicionales y activistas independientes en zonas donde operan grupos armados y facciones vinculadas a disputas territoriales.
Acompañamiento a las víctimas del sector Santa Marta
La trayectoria de Reynaldo Pérez Pérez estuvo fuertemente vinculada con la causa de las familias desplazadas del sector Santa Marta, en el mismo municipio de Chenalhó. Tras los violentos conflictos territoriales y enfrentamientos armados que obligaron a cientos de comuneros a abandonar sus parcelas y hogares, el activista asumió la representación legal y la vocería pública para exigir condiciones de retorno seguro, justicia y reparación del daño para las víctimas.
Su voz se mantuvo constante en mesas de diálogo y denuncias ante organismos nacionales e internacionales. En múltiples ocasiones, Reynaldo Pérez Pérez expuso la precariedad en la que viven las familias refugiadas en campamentos temporales y la indiferencia institucional ante el acoso incesante de células armadas que impiden el restablecimiento de la paz en las comunidades de origen.
Exigencia de justicia frente al colapso de la seguridad en los Altos de Chiapas
El asesinato de Reynaldo Pérez Pérez ocurre en un contexto de vulnerabilidad extrema para defensores del territorio, periodistas y líderes religiosos en la entidad. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido a la Fiscalía General del Estado de Chiapas y a la Fiscalía General de la República que atraigan las investigaciones de inmediato, evitando que este homicidio quede archivado en la impunidad.
La muerte de Reynaldo Pérez Pérez deja en la orfandad de representación a cientos de desplazados indígenas y evidencia la falta de control territorial por parte de las fuerzas de seguridad federales y estatales en la región de los Altos. Colectivos civiles reiteran el llamado de auxilio para detener la persecución contra quienes defienden la vida, la tierra y la dignidad comunitaria en Chiapas.
