Escrito por Redacción
23 de agosto de 2026 | 12:55 hrs.
El colapso de la gobernabilidad en el noroeste del país ha alcanzado un punto de quiebre institucional que desmiente de forma rotunda la narrativa de estabilidad pregonada por el movimiento oficialista. Tras un efímero intento de reinstalarse en el Poder Ejecutivo local que duró apenas unas horas, la presentación de la segunda licencia de Rocha Moya confirmó el estado de ingobernabilidad que asfixia a los ciudadanos sinaloenses. Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los hechos calificando la salida del mandatario como la mejor alternativa para la entidad, asegurando que la determinación respondió a motivaciones estrictamente personales y subrayando que no mantiene comunicación con el funcionario desde la primera solicitud de separación.
La brecha comunicativa y la falta de respaldo político evidente desde Palacio Nacional exponen el aislamiento en el que concluye este periodo administrativo. Observar cómo se procesó la segunda licencia de Rocha Moya pone de manifiesto que los severos señalamientos de la justicia internacional, sumados al deterioro del orden público en Culiacán y municipios aledaños, terminaron por hacer insostenible su permanencia en el cargo. La postura del Ejecutivo federal, al lavar las manos del movimiento y atribuir la crisis a meras decisiones individuales, evade la responsabilidad política de haber cobijado una gestión que deja a la población sumida en la incertidumbre y la violencia.
1. La distancia con el Ejecutivo federal y el abandono político
El distanciamiento entre la Presidencia de la República y la cúpula del gobierno estatal se convirtió en un factor determinante para el desenlace de esta crisis institucional. El trámite que derivó en la segunda licencia de Rocha Moya fue acompañado por el deslinde explícito de la mandataria federal, quien remarcó que no ha sostenido conversación alguna con el funcionario desde mayo.
Las declaraciones recogidas durante sus giras de trabajo confirman que el gobierno central prefirió soltar la mano del mandatario estatal. Al argumentar que la segunda licencia de Rocha Moya atendió únicamente a intereses personales, la administración central intentó levantar un cerco sanitario para evitar que el descrédito de la gestión local contamine al proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación a nivel nacional.
2. El efímero retorno de 24 horas y la burla a las instituciones locales
La secuencia de hechos registrados en el Palacio de Gobierno de Culiacán expone el nivel de improvisación y caos con el que se administró la entidad durante los últimos meses. Antes de confirmarse la segunda licencia de Rocha Moya, el mandatario pretendió retomar sus funciones tras 112 días de ausencia, sosteniendo reuniones de gabinete que solo sirvieron para acentuar la confusión ciudadana.
Los actos protocolarios registrados ante el Gobierno del Estado de Sinaloa demostraron la inexistencia de una ruta de gobierno seria. El vertiginoso viraje que desembocó en la segunda licencia de Rocha Moya apenas unas horas después de su reincorporación evidencia que la presión política interna y la reprobación social convirtieron su permanencia en un obstáculo insuperable para el propio equipo de trabajo del Ejecutivo estatal.
3. Las investigaciones federales y los señalamientos de la justicia internacional
El trasfondo del retiro definitivo del mandatario responde a la acumulación de carpetas de investigación y señalamientos por presuntas conexiones con estructuras del crimen organizado. Sostener que la segunda licencia de Rocha Moya fue una simple decisión personal resulta poco creíble frente a los expedientes ventilados en cortes extranjeras y a las indagatorias en curso.
Las actuaciones y cotejos periciales conducidos por la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvieron bajo constante escrutinio la actuación de las autoridades locales. En este contexto de presión jurídica, la segunda licencia de Rocha Moya se perfila como la única salida para evitar un choque frontal con las instituciones de procuración de justicia que investigan los hechos violentos que convulsionan a la entidad.
4. La parálisis legislativa y el nombramiento de un interinato indefinido
El impacto de este vacío de poder recae directamente sobre el Poder Legislativo local, obligado a sesionar de emergencia para restaurar el orden constitucional en la entidad. El trámite para procesar la segunda licencia de Rocha Moya exige que la Diputación Permanente nombre a un gobernador interino que asuma las riendas de un estado paralizado por la violencia y la falta de inversión.
Los acuerdos parlamentarios que se discuten en el Congreso del Estado de Sinaloa reflejan la profundidad de la división política. Admitir que la segunda licencia de Rocha Moya abre un periodo de incertidumbre prolongado confirma que la bancada oficialista no cuenta con un plan de contención para devolver la tranquilidad a los municipios que sufren el cierre de comercios y la parálisis de servicios básicos.
5. El costo social: Inseguridad, violencia y desamparo ciudadano
Las verdaderas víctimas de este juego de licencias y ausencias prolongadas son los habitantes de Sinaloa, quienes han tenido que sobrevivir en medio de balaceras, despojos de vehículos y quiebra de negocios. La contundencia con la que la segunda licencia de Rocha Moya desnuda el fracaso estatal demuestra que la prioridad de la clase gobernante nunca fue la seguridad de la gente, sino la preservación del fuero y la protección de intereses de grupo.
El reclamo de las organizaciones civiles y empresariales exige que la salida del gobernante no sea utilizada como una patente de impunidad. Comprobar que la segunda licencia de Rocha Moya es calificada por la Presidencia como “lo mejor para Sinaloa” obliga a exigir que las autoridades federales asuman el control de la seguridad y apliquen la ley con todo el peso institucional, sin concesiones políticas para quienes entregaron la plaza al crimen organizado.
Conclusión: El fin de un ciclo de impunidad e ingobernabilidad
La salida definitiva del gobernador marca el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la historia política reciente de Sinaloa. Pretender disfrazar un colapso institucional como una decisión estrictamente personal es una afrenta a las familias que han sufrido meses de violencia desbordada. Si el Estado mexicano busca reconstruir el tejido social y la confianza en la entidad, debe garantizar que la transición no sirva para archivar las investigaciones pendientes, devolviendo la paz y la justicia a un pueblo que exige soluciones reales y no discursos de evasión.